La Lista de tinta color rojo sangre

                                     

Pilar Tavera tuitea indignada: “Me sorprende que la Feadle en la calle de López siga en pie. ¿Pues de qué está hecho? ¿De impunidad?”. Acompaña, debajo de sus palabras, incrustada en el tuit una nota del diario Reforma: “Desaloja la PGR 4 de sus edificios” en la que el reportero Abel Barajas narra cómo esos cuatro edificios de la Procuraduría General de la República, incluida su sede central en la Avenida Reforma, no son aptos para operar después del terremoto del 19 de septiembre, no, no el de 1985 sino el de 2017, el 19s; y el personal que laboraba en los mismos y los expedientes que ahí se resguardan tendrán que ser reubicados. En cambio aparentemente nada le sucedió al edificio de dos pisos en que está la FEADLE, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en contra de la Libertad de Expresión, en la calle de López número 12, en el Centro, calle que da casi al frente del Palacio de Bellas Artes.

     Entiendo la indignación de Pilar Tavera, la FEADLE ha sido acusada repetidamente de ser sólo una simulación del gobierno mexicano, una más, mientras se acumulan los cuerpos de los periodistas ejecutados o ni siquiera hay cuerpos: simplemente los periodistas desaparecen. La ola de asesinatos de periodistas este año de 2017 se hicieron aún más visibles que nunca con las ejecuciones de Miroslava Breach y Javier Valdez, ambos corresponsales de La Jornada
          Pero aun así resultan algo desconcertantes las palabras de Pilar Tavera pues como integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas (después ella misma me enteraría que es actualmente la presidenta), una de los nueve que lo integran por parte de la sociedad civil, seguro que será de los cuatro miembros del Consejo Consultivo que también forman parte de la Junta de Gobierno que es la máxima instancia del Mecanismo, teniendo ella y los otros defensores de derechos humanos y periodistas del Consejo Consultivo en la Junta de Gobierno que reunirse con, entre los cuatro representantes gubernamentales en la Junta, precisamente con el Fiscal Especial que encabeza la FEADLE, quien es el representante gubernamental por parte de la PGR.

            Pero sobre todo porque el propio Mecanismo ha sido acusado de ser la otra simulación, en cuanto a la protección de los periodistas mexicanos.        

            Los otros tres representantes gubernamentales lo son por la Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, por ley este último, correspondiente actualmente al cargo del subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Roberto Campa Cifrián, es el presidente de la Junta de Gobierno del Mecanismo. Además está un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que, dependiendo de la confianza que se tenga en la CNDH puede considerarse o no otro representante gubernamental. Todos: los cuatro representantes gubernamentales; los cuatro por parte de la sociedad civil y el de la CNDH tienen voz y voto en las decisiones del Mecanismo, pero en caso de empate es el presidente de la Junta de Gobierno quien tiene voto de calidad.

El material de la impunidad

Posiblemente Pilar Tavera no está enterada del origen de la FEADLE,  el cual ha determinado que la simulación y el encubrimiento sean sus características definitorias debido a su construcción institucional, el material del cual fue construido y que sí es, desde el principio, como ella sospecha, el de la impunidad. Fue creada al final del sexenio foxista por Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, entonces al frente de la PGR, originalmente con el nombre de  Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de Periodistas (FEADP), en febrero de 2006.

            Este funcionario, Cabeza de Vaca Hernández, fue el mismo que, meses después, en noviembre, a punto de acabar el gobierno de Fox extinguió la FEMOSPP, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (el nombre oficial es muchísimo más largo), que tantas esperanzas defraudó en cuanto a investigar y hacer justicia de los crímenes de lesa humanidad de la historia contemporánea de México como la matanza del 2 de octubre de 1968, tal cual había sido la promesa de campaña de Vicente Fox. Al acordar la desaparición de la FEMOSPP Cabeza de Vaca Hernández haría referencia expresa a los ataques a periodistas como una de las pretendidas justificaciones de esa desaparición:

Que una vez presentado el informe final, se estima oportuno orientar los esfuerzos de la Procuraduría a la atención de otras demandas ciudadanas que se relacionan con la investigación de actos ilícitos que lesionan de manera particularmente grave a la sociedad, como...el ataque a la libertad de expresión de los periodistas.

Esa “reorientación de esfuerzos” de la PGR, más de 10 años después,  no ha resultado más que en la  cuestionada ineficacia y complicidad con la impunidad de la FEADLE. Como anticipo de la simulación y protección en los hechos a los criminales que caracterizaría a la nueva institución,  creación suya, el informe final al que Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández hacía referencia era el de las investigaciones realizadas por la FEMOSPP: un informe final discutible en su metodología, que no recogía las voces de las víctimas, pero que aun así planteaba había existido una política deliberada de exterminio de opositores por parte de lo que fue llamada la dictadura perfecta por Mario Vargas Llosa, informe el cual nunca fue presentado ni dado a conocer oficialmente (por lo que el gobierno foxista nunca tuvo que asumirlo), y del que sólo se conoció un borrador filtrado a un sitio web estadounidense, en medio de un escándalo de acusaciones de malos manejos de dinero  por parte del titular de la FEMOSPP y la falta de pago a quienes hicieron las investigaciones,

            Sería en el sexenio siguiente, con Felipe Calderón, que la FEADLE adquiriría, en julio de 2010, su actual nombre, por un acuerdo de Arturo Chávez Chávez mediante el cual “los asuntos que se encuentren en trámite, averiguaciones previas y los procesos penales en curso” y “los recursos humanos, materiales y financieros” de la FEADP pasaron a la FEADLE. 

El olvido que seremos

Unir el fallido proceso de justicia transicional, es decir, la búsqueda de la verdad y la justicia para los crímenes históricos de la historia contemporánea de México, con el actual asesinato de periodistas no es gratuito. Si las instituciones de impartición y procuración de justicia como la PGR y el sistema judicial no pudieron procesar, entre otros, un crimen masivo ocurrido 38 años antes (el tiempo entre 1968 y 2006, este último el año de extinción de la FEMOSPP, una vez supuestamente concluida su misión), ¿cómo podrían lidiar con los múltiples crímenes y violaciones de derechos humanos del tiempo presente, incluyendo los asesinatos de periodistas, cuyos perpetradores obviamente tienen relación con intereses y grupos plenamente actuantes los cuales apuestan a que, de nuevo, el presente de impunidad termine siendo el pasado de histórica impunidad, en un siniestro eterno retorno?

            Hay iniciativas particulares para recuperar la memoria del periodismo mexicano bajo ataque, como la de la página Nuestra Aparente Rendición; la del periodista Teodoro Rentería y su Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos; la de Carlos Moncada, autor del libro Oficio de muerte: Periodistas asesinados en el país de la impunidad; de organizaciones internacionales como el CPJ, Comité para la Protección de Periodistas; de Wikipedia, en sus versiones en español e inglés, irónica y lamentablemente más la última, con la lista más completa de todas las que ahora se pueden encontrar, las que han combatido el olvido llevando registro de los periodistas mexicanos asesinados, creando listas no oficiales de los mismos, e incluso buscando crear perfiles que los hagan dejar de ser una mera estadística.

            Pero son iniciativas basadas en la mera buena voluntad de sus participantes, faltos de una visión analítica salvo el de Moncada, ninguna comparable con un informe como el del libro La palabra y el silencio, por el Centro Nacional de Memoria Histórica, de Colombia, un país que ya pasó por la ola mortal en contra de la vida de los periodistas, lo que les lleva a considerar la revisión de la historia de los periodistas colombianos asesinados no es un ejercicio morboso de obsesión con hechos sangrientos del pasado sino la búsqueda de que no se repita el alto número de  los mismos en el futuro:

La no repetición tiene que ver con una fuerte valoración colectiva del significado del periodismo para una sociedad y su democracia, con la lucha del Estado contra la impunidad —y por tanto contra el mensaje de que las vidas de periodistas carecen de valor.

          (...)

Porque lo que enseña el estudio de lo que ha sucedido en el periodismo es menos una cuestión del pasado y más una condición del futuro.

Porque con toda su buena voluntad en estos esfuerzos descoordinados hay incluso errores, descuidos o bromas de mal gusto como que el perfil del periodista Saúl Noé Martínez Ortega en Nuestra Aparente Rendición en la sección Tú y yo coincidimos en la noche terrible, asesinado en Agua Prieta, Sonora, secuestrado por un comando de cinco personas nada menos que en las afueras del edificio de Seguridad Pública Municipal de esa localidad el 16 de abril de 2007, y cuyo cadáver apareció el día 23 del mismo mes cubierto con un cobija en el fondo de un barranco, sea el propio periodista sacrificado quien aparezca como quien escribió su propio perfil (sic).

            Esto es lamentable al ser Nuestra Aparente Rendición, sin duda el esfuerzo más notable hasta ahora para perfilar, darles humanidad a los periodistas asesinados, al buscar contar sus historias de vida.

            La mayoría de los periodistas de esta lista de color rojo sangre han sido muertos y desaparecidos dos veces: su recuerdo es borroso, algunos han sido implicados por parte de la autoridad investigadora, de forma fundada o para dar carpetazo, de “andar en malos pasos”. A tal punto llega este proceso de desvanecimiento que la periodista colombiana Ginna Morelo, quien se dedicó con ahínco desde la distancia, desde Colombia, a investigar para poder perfilar a su asesinado colega mexicano, José Barbosa Bejarano, escribe:

José Bejarano es un nombre en una base de datos. Ni siquiera es un archivo. Ni siquiera es una fotografía. Ni siquiera quiere ser un recuerdo para alguien que conociéndolo prefiere pasar la página. ¿Por qué? Sólo ella y José, muerto el 9 de marzo de 2000, lo saben.

Ginna Morelo se refiere a que a través de llamar mediante el directorio telefónico a las personas con los apellidos del periodista encontró a una familiar de éste, quien le dijo que “A él lo mataron pero lo hicieron parecer como un accidente, por eso nadie investigó. Ni siquiera nosotros sus familiares”, expresado esto con temor en su voz por quien posteriormente ya no volvió a contestar las llamadas de Ginna Morelo.

            Contrasta con el dolido testimonio del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, quien escribió el libro testimonial El olvido que seremos, acerca del asesinato el 25 de agosto de 1987 de su padre, Héctor Abad Gómez, un médico que publicaba colaboraciones de opinión en un periódico, El Mundo y presidia un Comité de Defensa de los Derechos Humanos; quien fue asesinado a tiros en una calle de Medellín por denunciar en su espacio en prensa los crímenes por parte de los paramilitares en contra de ciudadanos indefensos.

 Abad Faciolince su madre y una de sus hermanas, en la locura e incredulidad del dolor del asesinato de Abad Gómez, momentos antes, esperan a los demás hermanas (Abad Faciolince único hijo varón entre hijas mujeres) en plena calle, porque todas las hijas “tienen que ver lo que le han hecho” y en un primer momento se niegan a que el cuerpo sea recogido, lo cual terminan aceptando. Antes, Abad Faciolince ha besado la mejilla de su padre, que “todavía está caliente”, como despedida.

Pero la diferencia entre ambas actitudes nada tiene que ver con alguna diferencia fundamental entre colombianos y mexicanos. Tiene que ver conque José Barbosa Bejarano era el corresponsal en Ciudad Juárez, Chihuahua, la ciudad que se haría tristemente célebre a nivel mundial por los asesinatos de mujeres, de la en México legendaria y ya extinta revista de prensa roja Alarma que se dejó de publicar en 2014. Porque algo cojea en el perfil de quien forma parte de la lista color rojo sangre: a pesar del miedo expresado por la familia y la convicción de un asesinato disfrazado, constatado por Ginna Morelo, en ningún momento se da una razón, un motivo para que Barbosa Bejarano fuera eliminado.

¿En su búsqueda de información de nota roja Barbosa Bejarano encontró algo relacionado con los asesinatos de mujeres? Es sólo una especulación que surge de la mera circunstancia de lugar y tiempo de su muerte, junto con el miedo expresado por su familia, pero que daría sentido a lo que de otra forma sería realmente un mero accidente, un misterio, o una familia presa de un miedo infundado. 

Y con toda su cobardía, el asesinato de Héctor Abad Gómez fue el asesinato de un hombre prestigiado por parte de asesinos asumidos como tales, quienes no podían manchar la memoria póstuma de un hombre culto y reconocido en sus méritos, reconstruida su vida por el hijo escritor: por eso no pudieron desvanecerlo, por eso la familia gritó su dolor, por eso su historia se volvió ejemplar; no fue el caso de quien, como José Barbosa Bejarano se ganaba la vida reporteando notas llenas de sangre para para saciar el morbo de sus lectores.

La escritora Elena Garro escribió en los primeros párrafos de su novela Los recuerdos del porvenir: “Yo sólo soy memoria y la memoria que de mí se tenga”. Los periodistas ayudan a construir la memoria social pero también pueden convertirse en desmemoria al ser doblemente asesinados con el olvido y la indiferencia como lo fue José Barbosa Bejarano, y con él todos quienes forman la lista de color rojo sangre.

Crímenes y Pecados

Pero vuelvo a Pilar Tavera y su desconfianza y mala opinión acerca de la FEADLE, una institución con la que la suya propia en que participa, el Mecanismo, presumiblemente tendría que actuar coordinadamente o, en todo caso, los miembros de su Consejo Consultivo hacer reclamos en las reuniones de la Junta de Gobierno a ese funcionario, representante gubernamental, titular de la FEADLE.

            Pero esa desconfianza es plenamente explicable en México, un país en el que si bien no se puede generalizar acerca de todos los funcionarios, es muy común entre estos un complejo de Dr. Jeckyll y Mr. Hyde, en que, dependiendo de si tratan con alguien con poder, fama u influencia o no, muestran un rostro amable o cruel.

            No se puede asegurar que sea el caso del conocidísimo abogado Ignacio Morales Lechuga pero entre quienes han tenido a cargo como autoridad la investigación de los crímenes contra periodistas tal vez su caso sea el más paradójico y singular. Actual Notario 166 de la CDMX Morales Lechuga fue procurador general de la República y procurador general de justicia del Distrito Federal.

Es en este último puesto que estuvo a cargo de resolver tres casos de asesinatos de periodistas y trabajadores para medios: el del legendario Manuel Buendía Tellezgirón, el de la reportera de El Día Elvira Marcelo Esquivel, y el de dos vigilantes de La Jornada, Enrique García Gutiérrez y Jesús Samperio Miramontes.

            Manuel Buendía, considerado el columnista político más notable de la segunda mitad de siglo veinte mexicano, fue asesinado a tiros por la espalda en un estacionamiento cercano a sus oficinas, el 30 de mayo de 1984. La constante presión de los colegas y discípulos de Buendía a lo largo de los años, que incluyó el convertir como punto de reunión en la fecha de su muerte para recordarlo y señalar la no resolución del crimen el monumento a Francisco Zarco impidió que se le olvidara. Posteriormente la fecha y el lugar, lamentablemente sigue siendo la fecha y el lugar para recordar, ya no sólo a Buendía sino a los demás periodistas que han sido asesinados después de él.

            Esa presión constante llevaría a que el 19 de junio de 1989, en un peliculesca confrontación personal, según la versión oficial, entre el procurador Morales Lechuga y el acusado como autor intelectual de la muerte de Buendía, José Antonio Zorrilla Pérez, ex director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía política del régimen, en la mansión de este último en las Lomas de Chapultepec, Zorrilla terminara entregándose a Morales Lechuga: el malo rindiéndose ante el sheriff.

Tres periodistas, Elvira Marcelo Esquivel, del diario El Día; Israel Rodríguez, del extinto diario El Nacional, y Eduardo Valencia, del Canal 11, el 23 de diciembre de 1989 salieron de una reunión navideña para la prensa y, según lo que declararon posteriormente Rodríguez y Valencia, tuvieron un encuentro con policías auxiliares en el que estos quisieron detenerlos por llevar bebidas, lo que terminaría con el aparente disparo accidental del arma de uno de los policías, cuya bala se alojaría en el cerebro de Marcelo Esquivel, quien moriría en un hospital, al poco tiempo. A partir del interés personal que mostró el entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, quien visitó en su casa a la familia de Marcelo Esquivel, Morales Lechuga resolvió el caso en apenas cinco días, el 29 de ese mes, presentando como responsables a tres policías auxiliares. Pero resultaría que los testigos, Rodríguez y Valencia, no reconocieron plenamente a los presentados como los agresores, además de que insistieron en que habían sido cinco los policías involucrados y no sólo tres.

El 2 de abril de 1990 dos vigilantes del diario La Jornada, Enrique García Gutiérrez y Jesús Samperio Miramontes, fueron asesinados en la calle, frente al diario. Un hombre se había presentado en la recepción y dejado ahí rápidamente propaganda del Procup, el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, y el partido de los Pobres, organizaciones consideradas de extrema izquierda. La recepcionista tenía la orden de no aceptar más esa propaganda y los dos empleados salieron a la calle para entregarla de vuelta al hombre que la había dejado, cuando otro sujeto, detrás de ellos comenzó a disparar y los asesinó por la espalda. El hombre sería identificado como David Cabañas, hermano del legendario guerrillero Lucio Cabañas. Morales Lechuga lanzo una serie de cateos en que fueron detenidos hombres, mujeres y niños, incluido un fotógrafo del propio diario atacado, La Jornada, a quien se soltaría después, para lograr la captura de los miembros del Procup y el Partido de los Pobres.

Los tres casos anteriores darían para algunos la idea de un eficientísimo investigador de los crímenes en contra de los periodistas, a quien sería muy deseable tener en activo actualmente. Pero, dejando de lado que, por ejemplo, la resolución del caso de Buendía no dejó totalmente claro las motivaciones para asesinarlo; que el caso de Elvira Marcelo Esquivel pareció resuelto de manera forzada usando chivos expiatorios; que en el de los vigilantes de La Jornada se violaron los derechos humanos al arrestar indiscriminadamente a quien se tuvo a mano, incluidos niños, aparte de eso el problema, la paradoja de Morales Lechuga con los periodistas es un cadáver, el del periodista veracruzano Javier Juárez Vázquez.

Entre el poco material que puede encontrarse recordando a Juárez Vázquez resalta el del también periodista veracruzano Mussio Cárdenas, quien fuera corresponsal de la revista Proceso en ese estado, que se ha convertido en zona mortal para periodistas. 

El retrato que Mussio Cárdenas hace de Javier Juárez Vázquez no es el de un santificable mártir de la libertad de expresión sino un periodista bravucón y nada discreto, dedicado al llamado periodismo de golpeteo político, quien presumía en voz alta, en la cara de aquellos quienes aparecían involucrados, la información que tenía, antes de publicarla en la revista de la cual era director.

 Morales Lechuga entonces en el puesto de secretario de gobierno para el gobernador Agustín Acosta Lagunes es presentado por Mussio Cárdenas como un diligente negociador del arreglos consistentes en publicidad y pactos que es repetidamente burlado por Juárez Vázquez, quien rompía esos acuerdos, atacando al gobierno de Acosta Lagunes y a otros políticos veracruzanos habiendo aceptado dinero para publicidad y dádivas.

La última vez que se vio con vida a Javier Juárez Vázquez fue en el palacio municipal de Coatzacoalcos, la noche del 30 de mayo. Horas después, ya el día 31 aparecería su cadáver maniatado, golpeado y con huellas de quemaduras de cigarrillo.

Posterior a su asesinato la investigación del mismo se empantanaría.

La paradoja, señalada por Mussio Cárdenas y Carlos Moncada es el enorme contraste entre la increíble rapidez y eficacia del procurador del DF Morales Lechuga para resolver, con sus asegunes, los asesinatos de tres periodistas por un lado; y del otro, la lentitud y poca claridad para resolver el asesinato de otro periodista, por parte de la administración del estado de Veracruz de la que formó parte el secretario de gobierno Morales Lechuga, así como posteriormente por parte de las administraciones veracruzanas que le siguieron.

Al conocer la historia de Javier Juárez Vázquez, la periodista Verónica Calderón, quien tenía una conversación tuitera con el analista Macario Schettino acerca de si son peores los gobiernos pasados o los actuales comentó: “Es muy importante recuperar todas estas memorias. Entonces no había redes sociales. Ahora sí. Que todos se enteren de todo lo que ha pasado”.

Por cierto que se mandó copia a la cuenta de Twitter del abogado Ignacio Morales Lechuga por si quería hacer algún comentario, alguna observación. A la fecha, aparentemente, el asesinato de Javier Juárez Vázquez no le ha merecido el menor comentario.

El Mecanismo de la desprotección

Le tuiteo a Pilar Tavera comentándole que la FEADLE sólo tiene dos pisos, como explicación de que no haya sido afectada por el terremoto, como lo fueron las otras instalaciones de la PGR. Nunca he estado dentro de sus instalaciones pero que tiene dos pisos eso se puede ver desde la calle. Le escribo que quiero hacer una serie de preguntas y me responde que el Consejo Consultivo ya tiene un correo, el cual me proporciona: consejo.mecanismo@gmail.com

            El Consejo Consultivo, dentro del Mecanismo “es el órgano de consulta de la Junta de Gobierno, especializado en la protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”. Durante la visita en 2011 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, el 7 de julio de ese año, Felipe Calderón firmó un acuerdo presidencial  para establecer un mecanismo de protección, pero que se ocupaba exclusivamente de defensoras y defensores de derechos humanos. Sería hasta le expedición de la Ley del Mecanismo que se contemplaría también a periodistas.

            La implementación del Mecanismo desde el principio ha sido un proceso vertical, de arriba hacia abajo, algo que ha sido la diferencia fundamental con el programa de protección a periodistas y comunicadores sociales en riesgo en razón de su oficio, de Colombia, manejado durante 11 años por el Ministerio del Interior y ahora por la Unidad de Protección, que fue  implementado en el año 2000 y en el que se inspira el Mecanismo mexicano.

            En Colombia el programa se reconoce exitoso en el sentido de que consiguió reducir notablemente el número de periodistas asesinados, esto a pesar de que en los últimos años se ha cuestionado al programa en un inicio financiado con apoyo del llamado Plan Colombia, por parte de Estados Unidos, así como por la Unión Europea, por su alto costo, déficits presupuestales y escándalos de corrupción. Pero lo indiscutible es que el programa salvó vidas, como por ejemplo la del periodista Daniel Coronell, quien pasó nueve años siendo protegido por el programa antes de trasladarse a Estados Unidos y trabajar en Miami para Univisión.

En cambio en México…el periodista veracruzano Pedro Tamayo Rosas, asesinado el 26 de julio de 2016 se convertiría en el primer periodista asesinado estando bajo la claramente nada eficaz protección del Mecanismo, esto de acuerdo con el corresponsal del New York Times en México, Azam Ahmed. Porque después de la muerte de Tamayo Rosas se darían versiones contradictorias acerca de si había rechazado o no el Mecanismo de la SEGOB. Algo que se repetiría con el asesinato de Cándido Ríos Vásquez, poco más de un año después, el 22 de agosto de 2017, quien también estaba bajo la protección del Mecanismo.

Entré en contacto con Pilar Tavera porque arrobé su cuenta a partir de que Brisa Solís, quien fuera directora de la ong Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), me proporcionó en Twitter una lista de quiénes eran los actuales miembros del Consejo Consultivo del Mecanismo. Había encontrado en una página web del sexenio anterior que ella y el periodista Francisco Zea, titular de la segunda emisión de Imagen Informativa, en radio, eran los dos únicos miembros del Consejo Consultivo.

Lo que me comentó Francisco Zea fue sintomático. Lo convocaron al Consejo Consultivo una vez y nunca volvieron a hacerlo, en el anterior sexenio, el calderonista. Zea es parte del Grupo Imagen, uno de los principales conglomerados de medios en México; no se trata de un periodista de un medio pequeño o marginal. El no establecer que Brisa Solís y Francisco Zea entregaran la estafeta como miembros del Consejo Consultivo a sus sucesores expresa el descuido, la improvisación, la falta de institucionalidad de un Mecanismo de Protección que no merece ese nombre.

            “Si no nos convocan poco podemos hacer” concluye Francisco Zea. En efecto, poco o nada se puede hacer si la intención sólo es simular. La lista de tinta color rojo sangre seguirá creciendo…