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lunes, 25 de agosto de 2014

Al Comisionado de la CIDH, Paulo Vannuchi, sobre simulador Emilio Álvarez Icaza







to: CIDH-Paulo Vannuchi <cidhdenuncias@oas.org>
cc: Aníbal Enrique Quiñonez Abarca <OASMexico@oas.org>
date: Mon, Aug 25, 2014 at 7:01 PM



Comisionado Paulo de Tarso Vannuchi
Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)



Soy Tomoo Terada, la persona que encaró y cuestionó públicamente este viernes quince de agosto a la señora Pilar Noriega García, expositora en la última mesa pública de la CIDH en México en el Palacio de Minería en la cual usted también participó, correspondiente al llamado Foro Académico, por el manejo deshonesto de unas quejas cuya reapertura solicité cuando la señora fue primera visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). La señora Noriega no encontró otra salida que improvisar una disculpa pública hacia mí, porque de otra forma me habría obligado a entrar en una discusión entre ambos en la cual yo habría continuado exhibiéndola a ella y a su ex jefe en la CDHDF, Emilio Álvarez Icaza, quien fue presidente de esa Comisión.

Al mismo tiempo les ofrecí públicamente a ustedes, los Comisionados de la CIDH, que posterior al término de la sesión y si les interesaba y relacionado con el caso que reclamé a Noriega, les daría información que prueba que el ya mencionado Emilio Álvarez Icaza, actual secretario ejecutivo de la CIDH, es sólo un simulador en cuanto a su imagen pública de supuesto gran luchador por los derechos humanos.

Aunque no hubo un compromiso como tal por parte de ustedes, Comisionados de la CIDH, y al final sólo usted se quedó a hablar conmigo pues ni el Comisionado James L. Cavallaro (cuya competencia abarca México), quien era el otro Comisionado de la CIDH presente, ni la relatora de Libertad de Expresión, Catalina Botero (muy delgada para ser Botero), pudieron o quisieron quedarse, no tengo ninguna duda de que el que se haya transmitido mi reclamo a Noriega y mi ofrecimiento a ustedes a través de la página web de la propia CIDH y TVUNAM para indeterminado número de “testigos” sí implica una “presión moral” para que ustedes acepten mi ofrecimiento.

Sobre todo si soy alguien que da la cara, pues otro de los expositores presentes, el licenciado Víctor Hugo Pérez Hernández, quien estuvo en representación de la Doctora María Leoba Castañeda, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, por problemas de salud de ella, puede confirmar mi identidad como estudiante de la Facultad que no ha concluido la carrera. Y una de las principales razones para eso han sido los individuos como Álvarez Icaza, pues en un momento dado me convencí que sólo los simuladores como este individuo podrían progresar, no la gente realmente honesta. Quiero recordarles, resaltar ante ustedes, Comisionado Vannuchi*, pues a través de usted me estoy dirigiendo también a sus demás colegas Comisionados de la CIDH, que incluso obligué a la señora Noriega a reconocer ahí mismo, en vivo, que lo que yo denunciaba y reclamaba era cierto, tanto que por eso se disculpaba públicamente. Por eso ustedes, Comisionados de la CIDH, no podrían argumentar que no me harían caso por la sospecha de que se trata de la mera ruin calumnia a un hombre tan honesto y preocupado por los derechos humanos como ustedes consideran a Emilio Álvarez Icaza, pues de otra forma no lo habrían seleccionado como secretario ejecutivo.

En cualquier caso yo haré público este escrito para que conste que ya me comuniqué formalmente con ustedes y que sostengo por escrito lo que expresé verbalmente en presencia suya, del Comisionado Cavallaro, y de todos los presentes en el patio del Palacio de Minería en ese momento sobre este individuo deshonesto y simulador. Y más, mucho más.
   
Porque si según la Convención Americana sobre Derechos Humanos ustedes, los Comisionados de la CIDH, deben ser “personas de alta autoridad moral”, también debe serlo el Secretario Ejecutivo de la Comisión, tal como lo establece el punto 2 del artículo 11 del Reglamento de la CIDH. Lo que estoy denunciando es la violación de esa norma. ¿Puede tener alta autoridad moral alguien como Álvarez Icaza, quien, en lo que me consta y les puedo probar, encubrió abusos de la administración anterior a la suya en la CDHDF, cometiendo abusos ya absolutamente propios la administración a su cargo?

 Entiendo que esta es una situación sui generis pues aunque los abusos de Álvarez Icaza fueron cometidos cuando era funcionario estatal (una comisión de derechos humanos como la CDHDF es parte del Estado, no es una ong), tanto por el tiempo transcurrido como por el hecho de que actualmente sea alto funcionario de la CIDH esta no es una petición-denuncia de las que suele procesar normalmente la CIDH.

 Si hubiera que definirla de alguna manera, esta es mi aportación al proceso de fortalecimiento de la CIDH, el cual debe ser permanente, y que les entrega un simple ciudadano del mismo país de aquel quien es señalado, pues el que se les haya colado una fruta podrida en la CIDH, quien los ha engañado mostrando una careta de honestidad y preocupación por los derechos humanos que se derrumba con una revisión en detalle que muestra que esa careta se la pone y se la quita según sus intereses, es una debilidad que deben corregir. Decidan si tal clase de individuo vale la pena que siga formando parte de la CIDH, decidan si públicamente quieren enviar el mensaje de que para formar parte de la CIDH no importa ni la honestidad ni la congruencia sino el tener un currículum impresionante, en el que, por supuesto, se omiten las deshonestidades y abusos cometidos. Porque la autoridad moral que necesita una institución como la CIDH, cuya función es la de “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos”, no se obtiene ni conserva con el mero aparente estricto apego a la normatividad.

 Debo adelantarme a la objeción de que todo esto podría tratarse nada más de un asunto personal ente yo y Álvarez Icaza, pues alguien tan mañoso como él podría tratar de minimizar así mis señalamientos en contra suya. Pues no niego que este asunto está cargado emocionalmente para mí. Les constó a usted, el Comisionado Cavallaro, y los demás presentes que estoy realmente indignado con Álvarez Icaza, y tengo un profundo desprecio y asco hacia él por hipócrita. Pero esta animadversión surgió a partir de que acudí como quejoso, es decir, alguien que acudió para que los derechos humanos suyos y de otros fueran protegidos, y fui tratado por él y la administración de la CDHDF a su cargo de forma deshonesta, prepotente, irrespetuosa e indigna, con abierta parcialidad a favor de la administración anterior de la CDHDF que había concluido de forma corrupta mis quejas. Antes de esto no conocía a Emilio Álvarez Icaza y por el contrario algunas personas que estimo me habían hablado positivamente acerca de él.

También debo informarles que no soy el único que se ha quejado de ser objeto de abusos por parte de Álvarez Icaza y la administración que estuvo a su cargo. No sé acerca del trato a otros quejosos, pero ya que en su carta de postulación Álvarez Icaza resaltó el número de empleados y la cantidad de recursos que estuvieron a su cargo en la CDHDF, les entero que ex trabajadores de esa Comisión en su momento se quejaron de él, quejas de las que por supuesto quienes las emitieron son quienes asumen la responsabilidad de sustentarlas, destacadamente el señor Rogelio Villarreal Macías, ex subdirector de Publicaciones de la CDHDF.

Y aunque fuera yo el único a quien en toda la historia de la CDHDF se le hubieran cometido abusos, un solo caso sería motivo de condena, pues sino se estaría afirmando implícitamente que todos los demás quejosos que han acudido a la CDHDF merecían ser protegidos en sus derechos humanos y tratados con respeto y dignidad excepto yo, violando el principio de trato igual y no discriminatorio.

Pero quiero centrarme en lo que sucedido con Pilar Noriega, para hacerlos conscientes de que este es un asunto muy serio. Pues, ¿por qué habría tenido que disculparse la señora Noriega por el hecho cotidiano, nada infrecuente y hasta banal de que la CDHDF hubiera resuelto en sentido negativo la reapertura de mis quejas que había yo solicitado, como en tantos otros casos de otros tantos quejosos ante esa Comisión en que se resuelven negativamente sus peticiones sin que eso implique algo irregular o indebido?

 Lo que pasa es que la señora Noriega está plenamente consciente de que hubo abusos en mi contra y ella participó en los mismos. Al encararla, micrófono en mano, le recordé que estuve en su oficina en la CDHDF y terminó diciéndome que yo podía ingresar cuánta solicitud de reapertura de mis quejas quisiera, y ellos en la CDHDF me responderían con un machote, el mismo escrito como respuesta negativa una y otra vez.  

Es decir que la señora Noriega reconoció públicamente, en presencia de ustedes, dos de los Comisionados de la CIDH, por no hablar del público presente y telespectador, que siendo funcionaria de una comisión de derechos humanos del Estado, pagado su sueldo con recursos públicos, deliberadamente buscó desalentarme como quejoso para no proseguir mis quejas, y hacerme sentir que sería inútil que insistiera en su reapertura. Como Comisionados del CIDH, como encargados de vigilar que se respeten los Derechos Humanos en el ámbito de los Estados Americanos, ¿consideran que una conducta de este tipo, realizada por parte de la señora Noriega con la indudable complacencia de Álvarez Icaza, se salda con una disculpa improvisada?

 Más bien, como en otras disculpas públicas que se han ofrecido por parte del Estado mexicano, la disculpa en este caso tendría que dármela públicamente de manera formal la actual presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, asumiendo los abusos que padecí como una falla institucional de la CDHDF, de los que ella en lo personal no sería responsable por haber sido cometidas por administraciones anteriores a la suya, las de Luis de la Barreda Solórzano (1993-2001) y de Emilio Álvarez Icaza (2001-2009), pero que asumiría como propias como actual titular de la institución.

Si la señora Pilar Noriega realmente ha cambiado y ya no es la mujer prepotente y deshonesta que me tocó padecer hace más de diez años bien por ella, pero que no crea que su mera disculpa improvisada me va a convencer de ello. Y menos si para buscar justificarse dice mentiras, porque lo que le dijo a usted, Comisionado Vennuchi, de que mis quejas se trataban de un aumento a la tarifa del Metro es mentira.

Y tal como lo dije en voz alta, ignoro el trabajo que esté realizando la señora Noriega en la Comisión de la Verdad en el estado de Guerrero, pero realmente espero que sea un gran trabajo, muy diferente de lo que tocó a mí ver de ella en la CDHDF, por la justicia que merecen las víctimas de abusos en el pasado de ese estado.

 Es más, Comisionado Vannuchi, como usted y el Comisionado Cavallaro han trabajado temas de justicia transicional respecto a las dictaduras en Brasil y Chile, les entero que yo he difundido información que muestra la ilegalidad de la presencia del personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), organismo de “inteligencia política” de la Secretaría de Gobernación, en el Archivo General de la Nación, apoderados de los acervos de la extinta Fiscalía del Pasado (Femospp), que supuestamente haría justicia en cuanto a las violaciones de derechos humanos del pasado como las matanzas del 2 de octubre de 1968, la del 10 de junio de 1971 mejor conocida como “El Halconazo”, y la llamada “Guerra Sucia”:



Como muestro, yo mismo he sido un luchador por los derechos humanos, pero a diferencia de Emilio Álvarez Icaza y Pilar Noriega jamás he recibido dinero del gobierno como pago por (supuestamente) ser un defensor de los mismos ya con un nombramiento oficial.

Comisionado Vannuchi, este correo es sólo es para contextualizar la narración que les enviaré ya en detalle sobre los abusos que padecí en cuanto a las multireferidas quejas que presenté en la CDHDF, quejas CDHDF/121/97/CUAUH/D0319.000 y CDHDF/121/97/CUAUH/D2261.000, pues considero mejor no enviar todo en un mismo correo, para su más fácil manejo y comprensión por parte de ustedes. Próximamente enviaré otro correo en el que ya narraré los abusos cometidos en mi contra tanto de parte de Álvarez Icaza como de su antecesor, Luis de la Barreda Solórzano, de quien me extrañó que usted no supiera nada si es el actual director del programa de Derechos Humanos de la UNAM. Será porque ambos, Álvarez Icaza y De la Barreda, libran una batalla no declarada por puestos y reconocimientos como grandes defensores de los derechos humanos. Y es que es inevitable referirse a este antecesor de Álvarez Icaza como presidente de la CDHDF, sobre quien expuse públicamente en mi blog personal lo siguiente, sin que hasta la fecha ese individuo, de la misma catadura moral que Álvarez Icaza, se haya atrevido a negarlo a pesar de que envié copia al rector, Doctor José Narro: [teradatomoo.blogspot.mx/2013/05/luis-de-la-barreda-solorzano-y-el.html]

Me preguntaba usted, Comisionado Vannuchi, en cuanto a la formalidad que solicitan en las peticiones que se presentan ante la CIDH, que si yo había agotado todos los recursos legales internos en México. Como ya lo manifesté esta no es una petición de las que normalmente procesa la CIDH, sino una situación sui generis acerca de la carencia en un alto funcionario de la CIDH de la alta autoridad moral que se requiere para el cargo que se le ha conferido.

Pero, a grandes rasgos jamás tuve oportunidad de recurrir a esos recursos legales internos por los que pregunta. Yo presenté mis quejas en 1996 y 1997, durante la administración de Luis de la Barreda Solórzano ambas fueron concluidas de forma deshonesta como sostengo, y en ambos casos presenté recursos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entonces a cargo de la señora Mireille Roccatti. En ambos recursos se recurrió a trampas para justificar la actuación de la CDHDF, tanto que en uno de los recursos la CNDH me ocultó información importante a mí, el recurrente, información que en cambio dio a conocer a la CDHDF, la cual tampoco la hizo de mi conocimiento, algo que sólo descubrí hasta 2005, cuando pude tener acceso a esa información antes escamoteada al ya existir una ley local de transparencia.

Al solicitar en 2001 la reapertura de mis quejas a la nueva administración de la CDHDF, la de Álvarez Icaza, suponiendo que sería muy diferente a la de De la Barreda, y en el contexto del entonces aparente promisorio proceso de democratización general del país, se dieron los abusos como el cometido por la señora Pilar Noriega, reconocido por ella misma. Se realizó un supuesto análisis de los expedientes de queja, a cargo de una visitadora adjunta, Laura Belinda Gómez Ortiz, subalterna de Noriega, para determinar si era procedente la reapertura de las quejas. Le llamo supuesto análisis pues en el mismo se distorsionaban los hechos contenidos en los expedientes a fin de prácticamente presentar mis quejas como irracionales y frívolas, y justificar la negativa a su reapertura. A pesar de mis solicitudes que presenté en su momento para que se me diera a conocer el contenido de este análisis jamás se me respondió, y sólo pude conocer ese contenido también hasta 2005.

Presenté entonces una denuncia ante la Contraloría Interna de la CDHDF, a cargo de Rosa María Cruz Lesbros, subordinada directa de Álvarez Icaza, en contra de la visitadora adjunta que he mencionado, quien para ese momento había dejado de trabajar en la CDHDF. La señora Lesbros buscó encubrir el abuso cometido al haberse rechazado la reapertura de mis quejas con base en un análisis que intencionalmente había distorsionado los hechos que constaban en los expedientes, y cuyo contenido se me había escamoteado en su momento.

Como ejemplo del grado de deshonestidad de Lesbros para complacer a su jefe Álvarez Icaza y justificar los abusos cometidos, en su resolución a mi denuncia textualmente expresó lo siguiente:

“…suponiendo que […] se refiera a que no le dieron a conocer el documento […], es de manifestarse que lo importante para él, no es que le den a conocer dicho documento, por el cual se apoyó la Primera Visitadora General de esta Comisión (Pilar Noriega, anotación Tomoo Terada) para reabrir o no sus expedientes, ya que en el mismo únicamente se refiere a un proyecto de acuerdo, el cual forma parte de los trámites internos de dicha Visitaduría para la realización se (sic, Tomoo Terada) de sus labores…”

 Entonces obviando la reiterada violación a mi derecho de petición al solicitar ese documento sin que se me respondiera en su momento ni siquiera en sentido negativo, la señora Lesbros estableció que ese “análisis” distorsionado y deshonesto de mis quejas no era importante para mí conocerlo e impugnarlo, pues correspondía a trámites internos de la CDHDF. No puede haber más descarada y cínica confesión de que la CDHDF funcionaba (¿funciona?) como una “caja negra” de opacidad.

Presenté entonces un recurso de impugnación de la actuación de la CDHDF, dirigido al presidente de la CNDH. En lugar de enviarlo a la CNDH como lo establece la norma correspondiente, la CDHDF se la turnó a Cruz Lesbros quien me enteró, a pesar de que el escrito no iba dirigido a ella, que haría del conocimiento del presidente de la CDHDF, Álvarez Icaza, mis “manifestaciones”. Luego recibí una notificación de Lesbros en el sentido de que Álvarez Icaza había realizado un “análisis del procedimiento de investigación” y no había encontrado nada irregular, por lo que le daba un espaldarazo a su subalterna.

En ese documento, Álvarez Icaza, sin ser abogado utilizaba un lenguaje legal para manifestar que no había encontrado ninguna irregularidad, sin retomar ni mucho menos responder a los señalamientos precisos que hice de abusos como el ya mencionado “análisis” realizado a modo para rechazar la reapertura de mis quejas.

Solicité a Álvarez Icaza que me proporcionara ese documento sin que me respondiera. Lo volví a solicitar y se me proporcionó ya en la administración del nuevo presidente de la CDHDF Luis González Placencia, en 2013, conociendo hasta entonces su contenido. Lo solicité hasta entonces, pues aunque nunca tuve contacto con González Placencia durante la administración de Álvarez Icaza González Placencia había sido primer visitador en esa administración, posterior a la señora Noriega. Por eso no tenía confianza.

¿Le parece claro entonces, Comisionado Vanucchi, si traté o no de usar y agotar todos los recursos legales que pude, incluidas solicitudes de información presentadas años después por la imposibilidad de presentarlas entonces, por lo que carecí de posibilidad, en su momento, de acceder a las pruebas para probar los abusos? ¿No le ha agotado la simple lectura como a mí me ha agotado escribir y recordar esta enumeración de abusos? Un principio jurídico establece que nadie está obligado a lo imposible.
        
Comisionado Vannuchi, como le expliqué para mí sería inviable por su alto costo enviar a Washington las fotocopias de la documentación que sustenta mis señalamientos en contra de Álvarez Icaza. Incluso el enviarlas escaneadas mediante correo electrónico. Por eso les propongo que, una vez que lean mi relato de los abusos cometidos y quieran revisar la documentación que prueba los mismos, que sea a través de las oficinas de la OEA en México, a cargo del Embajador Aníbal Enrique Quiñonez Abarca, como la haga llegar a ustedes. Así podré dejar con el/la funcionario (a) que ustedes indiquen fotocopias de los documentos que sustentan mis señalamientos contra Álvarez Icaza, e incluso hacer ante él/ella la compulsa entre esas fotocopias y los originales de los documentos o copias certificadas de los mismos que poseo para dejar establecida su absoluta veracidad. 

Por eso mando copia de este correo al embajador Quiñónez Abarca. También para contrarrestar la posibilidad, que no me extrañaría, de que Emilio Álvarez Icaza, con sus tácticas que le conozco, imponga censura a este correo e impida que llegue a su conocimiento, comisionado Vannuchi, a pesar de que tendría toda la posibilidad de defenderse y argumentar a lo que a su derecho convenga.

A usted le escribo al correo cidhdenuncias@oas.org, pues el correo que me proporcionó Paulina Corominas Etchegaray, también de la CIDH.


Atentamente.

     Tomoo Terada

*Por un error varias me referí varias veces en mi correo al Comisionado Vanucchi como "Vennuchi". Ya me disculpé con él.


NOTA: 

          Esta es la primera entrada de una serie en la que mostraré los abusos tanto de Luis de la Barreda Solórzano como de su encubridor, Emilio Álvarez Icaza. Como se podrá comprobar se trata de temas complejos pero que en esencia tienen que ver, por una parte, con la falta de rendición de cuentas y simulación en las comisiones de derechos humanos; y por la otra con la también falta de rendición de cuentas, opacidad, autoritarismo y mentira en el poder legislativo. 

           Aquí he mostrado cómo una  muy conocida defensora "izquierdista" de los derechos humanos como Pilar Noriega García, quien como activista ha realizado una labor destacada, como funcionaria de una comisión como la CDHDF pudo comportarse de la forma más deshonesta y burocrática posible porque así le convenía a su jefe. El poder marea incluso a gente como esta señora.

         En esta segunda entrada inicio la presentación y análisis de lo que sucedió alrededor de mi queja CDHDF/121/97/CUAUH/D0319.000, en contra de José Luis Luege Tamargo, entonces miembro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), presidente de la Comisión de Vialidad y Tránsito Urbanos de la ALDF, encubierto por De la Barreda, a quien a su vez encubrió Álvarez Icaza:  http://teradatomoo.blogspot.mx/2014/09/como-aseguro-jose-luis-luege-tamargo.html 

         Este serie de entradas es un trabajo periodístico pues aunque parto del yo, igual que en el llamado New Journalism con obras como Los Ejércitos de la Noche, me baso en información comprobable que yo mismo he obtenido. Tan así que subo escaneos de páginas sueltas de los documentos para sustentar la veracidad de las transcripciones que publico. Aquí no se trata de desahogos, meras opiniones o suposiciones. 

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